EL PERDIDO - ESTACIÓN JOSÉ A. GUISASOLA - PARTIDO DE CORONEL DORREGO - BUENOS AIRES - ARGENTINA

miércoles, 2 de agosto de 2017

Dos intelectuales de izquierda no pudieron dormir. Rogelio Alaniz y Rolando Astarita le piden perdón al establishment y explican las razones del voto a favor del “corrupto” y ya condenado por la mass media De Vido.. (Temen fugas en el voto Palermo chico, y Belgrano R)






Cuando Del Valle Iberlucea fue desaforado

Rogelio Alaniz

En julio de 1921 senadores conservadores y radicales le retiraron los fueros parlamentarios a Enrique Del Valle Iberlucea. El pedido judicial lo hizo el 27 de enero de ese año el juez de Bahía Blanca, Emilio J. Marenco un personaje mediocre y oscuro cuyo nombre hay que esforzarse en tener presente porque este miserable episodio es el único que lo recuerda en la historia.
Marenco se enteró a través de una denuncia anónima que en el IV Congreso del Partido Socialista celebrado en Bahía Blanca, Del Valle Iberlucea defendió la Revolución Rusa, posición que ya había sostenido en otras conferencias y escritos. El perspicaz juez Marenco consideró que el legislador con sus declaraciones había incurrido en el delito de sedición, según lo establecido por los artículos 19 y 26 de la ley 7029, conocida como ley de Defensa Social, una ley tan canalla como la 4144 sancionada en 1902 y que fue conocida como “Ley de residencia”.
Los pasos jurídicos se cumplieron respetando las leyes establecidas: la Cámara de Senadores se dedicó a cumplir con los pedidos del juez. A nadie le importó saber que, por ejemplo, Del Valle Iberlucea estaba muy enfermo y con escasas posibilidades de defenderse.
Diecisiete senadores, nueve conservadores y ocho radicales, aprobaron el desafuero. Solo cinco senadores no se sumaron a la iniciativa. Sus nombres merecen recordarse: Joaquín V. González, Julio Roca, Benito Villanueva y Octavio Iturbe, por los conservadores. Por el radicalismo hizo lo mismo Ricardo Caballero, ex vicegobernador, entre otras virtudes, de la provincia de Santa Fe.
El debate parlamentario no duró mucho. Las jornadas se realizaron entre el 25 y el 26 de julio. Del Valle Ibarlucea habló una sola vez. Lo hizo con pausas y balbuceos porque, repito, estaba enfermo, muy enfermo, tanto que moriría un mes después. En la ocasión defendió con coraje sus posiciones. “Como hombre de lucha y de combate no temo los peligros y las amenazas”. No sé si lo escucharon, pero sus palabras quedaron registradas en las actas y casi un siglo después puede decirse que una frase suya, es más valiosa que los prolongados discursos de sus censores.
En otro momento de su intervención, Del Valle dijo: “No temo la decisión de los señores senadores y los jueces; sé como piensa la mayoría de ellos porque conozco sus manifestaciones en el curso de esta discusión y por tal razón, dirigiéndome a la mayoría, no puedo al terminar sino repetir la frase célebre: en vano busco entre vosotros jueces, pues solo encuentro acusadores”.
Tal vez inspirado en esas palabras, dijo en su momento el constitucionalista Sánchez Viamonte: “Su juicio y condena adquiere ciertos contornos épicos y su defensa trae a la memoria la defensa de Sócrates”.
La historia que sigue es breve. El 23 de agosto se realiza en el Teatro Coliseo, un acto de solidaridad con el senador desaforado. Una multitud que desbordó las instalaciones del local se hizo presente para manifestar su indignación ante lo que se consideraba una maniobra infame. Entre otro oradores se destacó Alicia Moreau, su amiga, su compañera de causa, la mujer con la que desde hacía por lo menos diez años libraban luchas a favor de los derechos de las mujeres.
Enrique del Valle Iberlucea murió el 30 de agosto, es decir una semana después de ese acto. Algunos dicen que la muerte fue consecuencia de una neumonía aunque la hipótesis más creíble es la de un cáncer a la garganta. Tenía 44 años, y de hecho treinta años de militancia socialista, porque sus primeros palotes en la causa los había escrito en su querido Rosario cuando apenas era un adolescente. En su velorio fue despedido por sus compañeros, pero entre otros oradores estuvo presente Joaquín V. González, uno de los pocos que en el Congreso no se sumó a la “carnicería” y que, con las previsibles disidencias del caso, mantenía con Del Valle una relación de afecto y respeto intelectual, relación en la que participaba incluso Julio V. González, hijo de Joaquín, y uno de los líderes principales de la gesta del reformismo universitario de 1918. Un signo noble a destacar de la época: la Cámara de Senadores autorizó esa misma semana que la esposa de Del Valle, María Luisa Curutchet -con quien se había casado en 1905-, continúe percibiendo la pensión del marido hasta concluir su mandato.
Si Alfredo Palacios es conocido en la historia como el primer diputado socialista de América latina, Enrique del Valle Iberlucea es recordado como el primer senador socialista de América latina, un honor que muchos años después compartirían por el mismo partido el propio Alfredo Palacios y Rubén Giustiniani, legisladores que cada uno en su estilo y en su tiempo supieron honrar esta noble tradición histórica.
Del Valle Iberlucea fue elegido senador por la Capital Federal en los comicios del 30 de marzo de 1913. Entonces obtuvo 42.000 votos imponiéndose a los candidatos radicales y conservadores. Ya en 1913 los dinosaurios del Senado manifestaron su alarma por el ingreso de este socialista que apenas tenía 36 años. El dirigente radical José Camilo Crotto, presentó una moción para rechazar el ingreso de Del Valle. Sostenía que no sólo era extranjero y portador de ideas exóticas, sino que su elección había sido el producto de una conspiración de los inmigrantes para atentar contra nuestras esencias nacionales. Ay, ay ay, con los bisabuelos de mis amigos radicales. La moción no se impuso en 1913, pero sí en 1921.
Del Valle Iberlucea había nacido en abril de 1877 en la localidad de Castro Urdiales. Hijo de Epifanio del Valle y María Iberlucea. En 1885, y huyendo del despotismo hispano, la familia llegó a la Argentina y un año después se trasladaron a Rosario. Allí, Enrique cursó la escuela primaria y la secundaria. También allí en Rosario se relacionó con sus maestros socialistas y comenzó a dar sus primeros pasos en la militancia política.
Para fines de siglo ya está viviendo en Buenos Aires. En 1902 se doctora en jurisprudencia y su tesis de doctorado se titula “El procedimiento judicial en el derecho internacional”.
Como diría Cátulo Castillo mucho después: “Fueron años de cercos y glicinas, de la vida en orsay, del tiempo loco”. Del Valle en ese tiempo participa en asambleas y actos socialistas; reparte volantes en asambleas y refriegas callejeras; redacta manifiestos, funda centros socialistas; asiste a congresos socialistas y defiende los derechos civiles y políticos de las mujeres. Sus amigos de esos tiempos son José Ingenieros, Florencio Sánchez, Leopoldo Lugones.
Viene a cuento evocar la memoria de Enrique del Valle Iberlucea y en particular su desafuero. Fue un hombre lúcido, un político progresista y un senador valiente que defendió proyectos y presentó propuestas con la pasión de los justos. Vivió sus años con una intensidad que asombra y conmueve. Y, equivocado o no, las causas que defendió siempre fueron justas, progresistas, las más avanzadas de su tiempo. Creyó en el socialismo no porque fuera el producto de una ley de la historia, sino porque siempre consideró que era la causa de los postergados, de los humillados, de los derrotados y de las excluidas.
Comentando las variaciones de esta nota, alguien tuvo la imprudencia de relacionar este drama ocurrido en 1921 con el de De Vido. Como diría D’Artagnan: “¡Vive Dios!” ¿Qué tendrá que ver un socialista austero, inteligente, inspirado en los mejores ideales de su tiempo, con este peronista ladrón, sólo motivado en el afán de enriquecerse él y sus patrones y patronas políticos? Curiosamente a Del Valle Iberlucea lo desaforaron por un delito de opinión. A De Vido, a este personaje sórdido y siniestro, con más de 150 denuncias en las costillas, con imputaciones y procesos, no sólo ningún juez pide su desafuero, sino que ni siquiera lo pueden excluir por indignidad moral. Hoy como ayer los hombres del derecho tendrán sus argumentos y sus razones, pero como ciudadano tengo el derecho de decir que algo anda mal en un país en el que Enrique Del Valle Iberlucea es desaforado y Julio de Vido es un intocable.


Rolando Astarita

En los últimos días, y a raíz del debate sobre el desafuero de De Vido, diputados del FIT dijeron que votaban en contra de la expulsión porque la misma era contraria al orden constitucional, y porque creaba un precedente para que en el futuro se expulsara a representantes de la izquierda de la Cámara. Se sostuvo también que al no mediar condena de la Justicia, el desafuero era una especie de “golpe parlamentario”, anti-constitucional; que la izquierda estaba defendiendo los derechos políticos de De Vido; y que esa defensa formaba parte de la pelea contra los golpes parlamentarios al estilo Temer-Brasil. También se dijo que la discusión sobre corrupción y el caso De Vido era una maniobra distraccionista de Cambiemos, para no debatir las políticas de ajuste en curso. Todos argumentos que encajaron muy bien en el discurso que desplegó el kirchnerismo en defensa del corrupto ex ministro.
Indudablemente, esta posición de la izquierda hay que enmarcarla en la idea de que, de alguna manera, el kirchnerismo (o el PT y Lula), sería progresivo en relación a Cambiemos (o Temer y el PMBD). El razonamiento es que todos son “enemigos de los trabajadores”, pero unos son peores que otros. Para bajarlo a tierra, algo así como que lo que hizo el kirchnerismo en Santa Cruz es mejor que lo que hizo el macrismo en la ciudad de Buenos Aires (o que el ajuste de Dilma era más progresivo que el ajuste de Temer). En cualquier caso, este enfoque explica el temor de buena parte de la izquierda de ser acusada por la militancia K “de ser funcional a la derecha”.
En otras notas del blog expliqué por qué considero que ese análisis es equivocado, y no voy a repetir aquí mis argumentos. Sin embargo, a esa diferencia de análisis se suma ahora una más fundamental, referida a la actitud hacia el orden constitucional burgués. En otras notas ya hablé de cretinismo parlamentario, en crítica a la creencia de que votando una ley se pudiera parar la desocupación en el capitalismo. Pero ese cretinismo se potencia cuando se mistifica a la Justicia burguesa y el orden constitucional burgués. En este respecto, una cosa es que los marxistas no renuncien a los beneficios de la legalidad burguesa, y otra muy distinta es que se pongan en defensores del orden burgués. O que entronicen a la Justicia como la única fuente de “legitimidad” para expulsar a un corrupto de la Cámara de diputados (¿y si mañana la Justicia condena a los diputados de izquierda?); o que conviertan en un fetiche “los precedentes jurídicos o constitucionales” de una votación parlamentaria (¿no se dan cuenta de que esos “precedentes” son papel mojado en la realidad de la lucha de clases?). Agregando que es absurdo (en realidad, una mentira para engañar y confundir), aducir que hoy está en juego una defensa de libertades democráticas contra un supuesto “golpe de Estado”. Se trata de una vieja y repetida tapadera de los que se postran, “por izquierda”, ante el legalismo burgués.

Con el fin de aportar elementos para el análisis, en lo que sigue comparto con los lectores del blog este pasaje de Víctor Serge, tomado de Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión (México, Era, 1972; los énfasis son agregados míos). Es parte del esfuerzo por rescatar las mejores tradiciones del socialismo revolucionario. Escribía Serge:
“El fetichismo de la legalidad fue y sigue siendo uno de los rasgos característicos del socialismo favorable a la colaboración de clases. Lo cual conlleva la creencia en la posibilidad de transformar el orden capitalista sin entrar en conflicto con sus privilegiados. Pero esto más que indicio de un candor poco compatible con la mentalidad de los políticos, lo es de la corrupción de los líderes. Instalados en una sociedad que fingen combatir, recomiendan respeto a las reglas del juego. La clase obrera no puede respetar la legalidad burguesa, salvo que ignore el verdadero papel del Estado, el carácter engañoso de la democracia; en pocas palabras, los principios básicos de la lucha de clases.
Si el trabajador sabe que el Estado es un haz de instituciones destinadas a defender los intereses de los propietarios contra los no-propietarios, es decir, a mantener la explotación del trabajo; que la ley, siempre promulgada por los ricos en contra de los pobres, es aplicada por magistrados invariablemente tomados de la clase dominante; que invariablemente la ley es aplicada con un riguroso espíritu de clase; que la coerción - que comienza con la pacífica orden del agente de policía y termina con el golpe de la guillotina, pasando por presidios y penitenciarías - es el ejercicio sistemático de la violencia legal contra los explotados, ese trabajador no puede ya considerar la legalidad más que como un hecho, del cual se deben conocer los diversos aspectos, sus diversas aplicaciones, las trampas, las consecuencias -y también las ventajas- de las cuales deberá sacar partido alguna vez, pero que no debe ser frente a su clase más que un obstáculo puramente material. (…)
En todos los países, el movimiento obrero ha debido conquistar, a fuerza de combates prolongados por más de medio siglo, el derecho de asociación y de huelga. (…) En los conflictos entre el capital y el trabajo, el ejército siempre ha intervenido contra el trabajo; nunca contra el capital. En los tribunales, la defensa de los pobres es poco menos que imposible, a causa de los gastos de toda acción judicial; en realidad, un obrero no puede ni intentar ni sostener un proceso. La inmensa mayoría de delitos y crímenes tienen por causa directa la miseria y entra en la categoría de atentados a la propiedad.
Las prisiones están pobladas de una inmensa mayoría de pobres. (…) Respetar esta legalidad es cosa de tontos. Sin embargo, desdeñarla no sería menos funesto. Sus ventajas para el movimiento obrero son tanto más reales cuanto menos ingenuo se es. El derecho a la existencia y a la acción legal es, para las organizaciones del proletariado, algo que se debe reconquistar y ampliar constantemente. Lo subrayamos porque la inclinación opuesta al fetichismo de la legalidad se manifiesta a veces entre los buenos revolucionarios, inclinados - por una especie de tendencia al menor esfuerzo en política (es más fácil conspirar que dirigir una acción de masas) - a cierto desdén por la acción legal. Nos parece que, en los países donde la reacción todavía no ha triunfado destruyendo las conquistas democráticas del pasado, los trabajadores deberán defender firmemente su situación legal, y en los otros países luchar por conquistarlas”

Fuente: Revista Sin Permiso

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