Criminales por definición
En “La empresa criminal. Por qué las corporaciones
deben ser abolidas”, Steve Tombs y David Whyte
combaten los mitos que legitiman el sometimiento de todas las esferas de la
vida a las lógicas del cálculo econométrico y la acumulación de beneficio
privado. Los seis capítulos del libro discuten y derriban, con precisión y
contundencia, los mantras de la eficiencia empresarial, la autonomía del
mercado, la “autorregulación”, la personalidad jurídica y su responsabilidad
limitada, la responsabilidad social corporativa y la presunta protección
pública del interés general. Se trata de conceptos que presiden y gobiernan
nuestro día a día permitiendo que, tras la debacle financiera de 2008, las
grandes corporaciones del sector hayan salido reforzadas. Como resultado de ese
trance, una concentración de poder aún mayor administra hoy nuestras vidas y
muertes.
La tarea de la criminología crítica siempre ha sido poner en cuestión el
rol del sistema penal y sus distintos operadores, denunciando la
criminalización de los problemas sociales y la estigmatización de los grupos
sociales empobrecidos, para demostrar que la función central del sistema penal
es (re)producir las desigualdades. Una criminología crítica que aspire a ser
emancipadora no puede compartir la mirada del poder hacia “los de abajo”. Si
quiere ser subversiva, debe analizar los comportamientos de quienes operan “por
encima del radar” y poner en cuestión sus formas habituales de hacer negocios.
Como bien apuntara Frank Pearce, el análisis de los crímenes de los poderosos
debe hacer referencia a la estructura social general en la cual operan las
empresas. Solo así puede entenderse que la actividad criminal es una más de sus
estrategias y que el sistema de libre mercado es la forma jurídica central de
movilización y valorización del capital.
El discurso criminológico dominante se ha dedicado a justificar y/u
ocultar las campañas coloniales, sus saqueos, masacres y genocidios a lo largo
del planeta durante siglos. La crítica de ese apartheid criminológico debe
incluir, pues, a los dos protagonistas de tales crímenes: las corporaciones y
los estados. Si la introducción del estado y las empresas en el discurso
crítico dio un paso de gigante con la definición de la criminalidad
estatal-corporativa, Tombs y Whyte amplían ese corpus teórico para señalar a la
corporación, desmitificarla, desnudarla y estudiar una conexión simbiótica
entre estado y empresa que tiene lugar, en gran medida, a través de una
herramienta central: el derecho.
En la (doble) raíz del problema encontramos dos claves: la condición
esencialmente criminal del sistema económico y la violencia que funda el
régimen jurídico-político dedicado a sostener ese orden. En ese sentido, los
polémicos “papeles de Panamá” no son un escándalo en sí mismo sino un ejemplo
muy ilustrativo, para quien quiera entenderlo, de cómo y dónde se gestiona el
patrimonio acumulado por ese sistema económico y de su eficaz legitimación por
ese régimen jurídico-político. Los miembros del campo social auto-privilegiado
viven en “refugios” cada vez más cerrados y reconcentrados. En el gran
alrededor, la “población” sufre el daño social generado por un expolio que
“expulsa a los habitantes de su hábitat” y/o “retira el hábitat a sus habitantes”.
A nadie puede sorprender, pues, que las reformas neoliberales de
“superación” de la crisis hayan aumentado el margen de acción de los mercados y
provocado un incremento relativo del número de ricos en todo el planeta.
Privatizaciones, mercantilizaciones, flexibilidad laboral o indultos a
corruptos, son todas ellas reformas jurídicas llevadas a cabo por estados,
gobiernos y parlamentos en el ejercicio de sus funciones sistémicas. Y por si
no teníamos bastante, ahí viene el TTIP.
Una vez demolidos los mitos asociados a las corporaciones, “La empresa criminal” invita (y urge) a
pensar más allá de la corporación como “forma ideal” de organizar las
relaciones sociales, las formas de producción y distribución de recursos o la
provisión de bienestar. Las corporaciones, tal como hoy las entendemos,
surgieron en un momento histórico concreto que exigía asegurar y reproducir el
capital en el contexto de las empresas coloniales. Desde entonces, las empresas
han necesitado de la acción continuada y constante del estado para garantizar
su supervivencia – y los recientes rescates bancarios podrían representar el
episodio más burdo de esa larga historia.
Los niveles masivos de daño social
provocados en el transcurso de ese episodio son incalculables y justifican
sobradamente el empleo de términos como deudocracia, necropolítica o crímenes del estado y el mercado.
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