En el ámbito de la argumentación en Derecho y Ciencia Política no vale todo. Antes de escribir u opinar sobre política y derecho, todos, absolutamente todos, deberíamos leer estas líneas..
Mariátegui - Lenin - Engels - Marx
OPINAR Y RAZONAR EN DERECHO Y EN CIENCIA POLÍTICA
por...
Mercedes Pérez
Manzano Catedrática de Derecho Penal. UAM
Yolanda
Valdeolivas García, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
UAM
Fuente: Diario Público de España
Parece haberse decantado de
forma natural en la sociedad la generalizada impresión de que opinar sobre
cuestiones jurídicas es cosa de todos y que todas las opiniones son atendibles
en la misma medida y se sitúan en idéntico nivel de rigor, despreciando la
técnica y el conocimiento científico que requiere la expresión de una opinión
fundada en Derecho y Ciencia Política. Igual que, por usar el símil
futbolístico, se dice que todos llevamos dentro un entrenador, nos estamos
acostumbrando a que se manifiesten como opiniones presuntamente técnicas y
científicas las vertidas por cualquiera, aunque carezca de los conocimientos
mínimos exigidos sobre estas ramas del saber, haciendo pasar por inapelables e
indiscutibles ante la opinión pública lo que no son explicaciones o
argumentaciones técnicas rigurosas sino opciones ideológicas o prejuicios. Es
obvio que también tras las argumentaciones académicas se hallan opciones
ideológicas que ningún investigador jurídico pretende ocultar, pero enmarcadas
en fundamentos teóricos y conceptuales que transforman una mera opinión
inexperta en otra basada en un proceso razonador sistemático, crítico y
reflexivo.
En el campo de las ciencias
naturales y experimentales esa deriva es menor, porque existe la creencia de
que de ciencia solo pueden hablar los científicos, por incorporar en su
razonamiento conocimientos técnicos y profesionales que los no expertos admitimos
no tener; sin embargo, de las ciencias jurídicas y políticas todo ciudadano
presupone poseer los conocimientos necesarios, seguramente porque la ciudadanía
le reconoce derecho a participar y, en consecuencia, a opinar con aparente
idéntica autoridad a la que es propia de los expertos en tales ramas. Pero la
opinión del ciudadano, o del omnipresente tertuliano, no es equiparable en este
punto a la del jurista o politólogo. Y la opinión pública debe estar en
condiciones de diferenciar uno y otro nivel de expresión.
Los juristas y politólogos
somos técnicos en Derecho y Ciencia Política: trabajamos con método y reglas,
complejas y expertas, de interpretación, análisis y aplicación de la realidad
objeto de nuestras investigaciones. Por ello, el rigor, la profundidad y la
excelencia marcan también la diferencia entre buenas y malas investigaciones,
entre buenas y malas argumentaciones. Pero, al tiempo, somos científicos
sociales: nuestras investigaciones tienen como misión explicar el
funcionamiento de la sociedad, y como finalidad su mejor desarrollo o
transformación cuando no se satisfacen los intereses que se estimen
defendibles; construimos modelos en los que se insertan las opciones
normativas, que nunca pueden ser neutras, porque evidencian opciones valorativas
acerca de los distintos modos de concebir la convivencia social.
En el ámbito de la
argumentación en Derecho y Ciencia Política no vale todo. También tras ella hay
técnica y rigor metodológico. Por ello, argumentar rigurosamente requiere un
conocimiento profundo de los fundamentos técnicos de las distintas opciones y
quienes desenvolvemos nuestra actividad profesional en la investigación en
Derecho y Ciencia Política tenemos la responsabilidad de intentar trasladar a
la sociedad la idea de que la opinión pública será más fundada y libre si se
sustenta en el conocimiento y valores que estas ramas del saber encierran.
Ninguna sociedad, sea en
tiempos de crisis o de bonanza, puede permitirse el lujo de infrautilizar sus
recursos personales y materiales. Si podemos ser mejores, tenemos el deber de
intentar serlo. Por eso no queremos conformarnos con el estado de cosas
descrito, sino modificarlo poniendo a disposición de nuestra comunidad
universitaria y de la sociedad en general todo nuestro bagaje intelectual y
científico. Nos mueve nuestro compromiso con lo público y, por tanto, el
convencimiento de que es hora de corresponder a la sociedad y revertir en ella
la inversión que durante tantos años ha hecho, y sigue haciendo, financiando
nuestra actividad profesional y los medios materiales que nos permiten ejercer
como docentes e investigadores en la universidad pública española.
Tenemos el deber de intentar
esclarecer la diferencia entre opinión inexperta y opinión científica en
Derecho y Ciencia Política, para hacer visible ante la sociedad la relevancia
de esta segunda y, desde luego, su utilidad para una toma de decisiones
públicas, y aun privadas, fundada. No se trata solo, aunque también, de
visibilizar nuestra labor para conseguir la transferencia de los resultados de
la creación científica en Derecho y Ciencia Política a ciertos actores sociales
que individual o colectivamente pueden estar interesados en ellos –partidos
políticos, asociaciones, empresas, fundaciones, instituciones jurídicas varias
o thinktanks‑; se trata, sobre todo, de crear canales o espacios a través de
los cuales podamos hacer visibles las opiniones científicas del campo jurídico
y politólogo a nivel social y, especialmente, en los medios de comunicación,
por su privilegiada situación para generar opinión pública libre y reflexiva.
Desde ese espacio experto queremos proporcionar a los ciudadanos información y
elementos de juicio necesarios no para que piensen como nosotros sino para que
piensen por ellos mismos.
Si conseguimos que cale en la
sociedad la idea de que el desarrollo social depende tanto de los avances
científicos en Biotecnología y Telecomunicaciones como de los que derivan de un
análisis riguroso de la realidad social y jurídica, habremos dado un paso
decisivo en el cambio de dirección que propugnamos. Un cambio que reivindica el
valor social de la investigación en Derecho y Ciencia Política.
Nuestro objetivo fundamental es
revertir en la sociedad la riqueza que generamos porque contribuye a
convertirnos en una sociedad más libre, más culta y desarrollada, así como más
justa. Porque la información rigurosa y completa, que evidencia los valores y
costes en juego, es la que permite elegir con libertad real entre las distintas
opciones políticas, económicas o jurídicas; porque el crecimiento personal como
seres humanos y ciudadanos de las sociedades democráticas solo puede asentarse
en el rigor científico y en el respeto a las opiniones que se sustentan en él;
porque solo es justa una sociedad que intenta allanar las desigualdades, y
éstas también afectan a los bienes inmateriales, que nutren nuestro intelecto
y, por tanto, nuestra propia condición humana. Nos jugamos el futuro de nuestra
sociedad, la transformación de un modelo social que no valora algunos de sus
mejores activos, pareciendo ignorar la importancia del rigor y la excelencia
hasta tanto algún informe europeo relega a España a los últimos lugares de los
rankings.
Creemos que la docencia e
investigación jurídica y politóloga posee proyección y aplicación sociales de
gran relevancia y que las facultades donde se enseñan e investigan ambas
ciencias sociales constituyen un observatorio privilegiado para conocer y
reconocer nuestra realidad, un foro incomparable de reflexión y un motor
permanente de progreso social. Nuestro compromiso con la sociedad es reflejo de
nuestro más amplio con la Academia y con la universidad pública, depositaria de
muchos de los retos y ambiciones de la sociedad y a los que debemos ser capaces
de ofrecer respuesta rigurosa, ágil y eficaz, aún más, en tiempos de crisis.
¡Tambien usted Sala, se mete con cada tema! Los pobres seguidores de "La Pasionaria de Cristo" no saben para donde agarrar....
ResponderEliminarEs que soy un optimista
EliminarDeben estar buscando un traductor....
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