FLEXIBILIZACIÓN: LIGADURA DE TROMPAS COMO VARIABLE LABORAL: Propuesta programática neoliberal, occidental y cristiana para favorecer y mejorar el empleo femenino.
por Juan José Téllez para Diario Público
Se
supone que el Círculo de Empresarios era una alternativa dinámica a la CEOE. Y
que su actual presidenta, Mónica de Oriol, a decir de quienes le conocen, un
ejemplo de mujer emprendedora y tenaz. Pero, o se equivoca a la hora de
expresar sus pensamientos o se equivoca al pensar lo que expresa. Lo cierto es
que cada vez que habla sube el pan.
Esta
semana, sin ir más lejos, afirmó que prefiere contratar a mujeres mayores de 45
o con edad inferior a 25 por el inadecuado amparo que las leyes brindan a las
mujeres trabajadoras: «Si una mujer se queda embarazada y no la puede echar
durante los once años siguientes a tener a su hijo, ¿a quién contratará el
empresario?», se preguntaba ante la más o menos perpleja audiencia de una
convención.
O sea,
que el problema es de la ley y no de los empresarios, pero terminan por
padecerlo las de siempre, las últimas de la fila, las que se le exige un nivel
de dedicación que no se les demanda a los hombres. Esa protección legal de la
mujer, a su juicio, “la desvincula del alineamiento con los intereses de la
empresa”. El machismo reinante en el Ibex 35 le estaría aplaudiendo con las
orejas si hubiera seguido su intervención por streaming. La desconecta del
“esfuerzo diario”, proclamaba al tiempo que auguraba que «un Recursos Humanos
elegiría antes a un hombre que a una mujer». O séase, que la solución es
desprotegerla legalmente para que pueda obtener un curro. O, quizá mejor,
cuando se presente cualquier oferta de empleo no sólo se valorará la
apariencia, como ocurría antiguamente, sino la ligadura de trompas. Y, puestos
a ello, una declaración jurada de renunciar al matrimonio o un certificado de
no ser víctima del VIH.
De ahí
el alto número de mujeres que se acogen a la jornada reducida y que debe ser
pernicioso a juicio de Mónica de Oriol, quien confesó que entró en el consejo
de administración de Seguriber por la cuota mínima de presencia femenina que se
exige, entiende ahora que para que las mujeres lleguen a altos cargos
directivos no hacen falta leyes, sino sacrificios: «Cuando le dices a una mujer
de 35 años si quiere volver tarde por la noche y viajar constantemente, la
realidad es que no. Llegar a puestos directivos no se consigue con cuotas o
regulaciones, sino con que la mujer sepa que un puesto directivo requiere
sacrificios», de ahí que recomienda a cualquier fémina que aspire a ser alta
directiva que «se case con un funcionario o con un marido al que le gusten
mucho los niños». En la barra de los bares y en las paradas del bus, habrá
mucho que consideren razonables sus palabras. Y eso es lo terrible.
A la sucesora de Claudio Boadas, al frente del Círculo de Empresarios, lo que le preocupa realmente es la productividad porque, en el fondo, quizá sueñe con ser empresaria en Corea, en India o en China, con una numerosa mano de obra a la que no le importen demasiado los derechos adquiridos. Las leyes españolas y europeas, desde su punto de vista, “en vez de favorecer a la mujer, la están condenando”. Hay que vincular su empleo a la productividad, remachaba en estos días con el habitual regocijo del esclavismo patrio.
A la sucesora de Claudio Boadas, al frente del Círculo de Empresarios, lo que le preocupa realmente es la productividad porque, en el fondo, quizá sueñe con ser empresaria en Corea, en India o en China, con una numerosa mano de obra a la que no le importen demasiado los derechos adquiridos. Las leyes españolas y europeas, desde su punto de vista, “en vez de favorecer a la mujer, la están condenando”. Hay que vincular su empleo a la productividad, remachaba en estos días con el habitual regocijo del esclavismo patrio.
Ya hace
unos meses, Mónica de Oriol descolló ante la opinión pública al reclamar que se
bajase el salario mínimo interprofesional a los trabajadores menos cualificados
porque quienes ni estudian ni trabajan sirven para nada. Y, claro, tampoco le
gustan las prestaciones actuales por desempleo porque favorecen el
“parasitismo” de los parados. Luego, eso sí, pidió perdón en el blog de
Seguriber por algunas de sus apreciaciones al respecto. Por lo de las mujeres,
hasta ahora no lo ha hecho.
La empresa que ella preside ofrece servicios de seguridad, limpieza, jardinería o mantenimiento y tiene distintos contratos con las administraciones, entre ellos algunos planes piloto para mejorar la seguridad en las cárceles: ¿tal vez contratando a vigilantes privados como los que su empresa empleaba como guardaespaldas en el País Vasco, en un negocio estrictamente empresarial que está privatizando la seguridad de nuestras penitenciarías? Sus trabajadores suelen quejarse de condiciones precarias, ¡qué raro! También, en su día, alguien se encargó de subrayar que dicha firma era la responsable de la seguridad del tristemente célebre Madrid Arena durante aquella fiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012 en la que murieron cinco jóvenes. Sin embargo, a ella no se le llegó a imputar por el suceso aunque tres de sus empleados se sientan en el banquillo.
La empresa que ella preside ofrece servicios de seguridad, limpieza, jardinería o mantenimiento y tiene distintos contratos con las administraciones, entre ellos algunos planes piloto para mejorar la seguridad en las cárceles: ¿tal vez contratando a vigilantes privados como los que su empresa empleaba como guardaespaldas en el País Vasco, en un negocio estrictamente empresarial que está privatizando la seguridad de nuestras penitenciarías? Sus trabajadores suelen quejarse de condiciones precarias, ¡qué raro! También, en su día, alguien se encargó de subrayar que dicha firma era la responsable de la seguridad del tristemente célebre Madrid Arena durante aquella fiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012 en la que murieron cinco jóvenes. Sin embargo, a ella no se le llegó a imputar por el suceso aunque tres de sus empleados se sientan en el banquillo.
“Nos
preocupa la motivación, seguridad y formación de las personas que trabajan con
nosotros”, sentencia Seguriber en su página Web. Al Gobierno también debería
preocuparle y empezar a investigarla porque quizá esté aplicando bajo cuerda la
doctrina de su presidenta y excluya de su nómina a las mujeres en riesgo de
embarazo.
No está
sola.-
Lo peor
de Mónica de Oriol es que no está sola. A escala política sucede con harta
frecuencia que se menosprecie a las mujeres, como ocurriera durante la campaña
a las elecciones europeas con Miguel Arias Cañete, el candidato del PP y ahora
aspirante a comisario. Tras un debate televisivo con la candidata socialista
Elena Valenciano, aseguró que si el hombre demuestra “superioridad intelectual
o la que sea” da una impresión “machista” ante una “mujer indefensa”. Resulta
llamativo que –no es la norma, desde luego—muchas mujeres padezcan una suerte
de síndrome de Estocolmo respecto al patriarcado. María Dolores de Cospedal,
secretaria general del PP, llegó a poner en solfa las cuotas femeninas en
puestos de responsabilidad. Ella, se ufanó, no se siente discriminada, aunque
un preboste socialista también incurriera en un comentario machista hacia su
persona cuando le recriminó que no pasara la aspiradora en su partido, en
alusión al caso Gurtel.
Todo
ello ocurre en un país en donde un tertuliano puede llamar “guarra” y “zorra
repugnante” a una consejera catalana por promover una campaña de información
sexual en internet dirigida a adolescentes, o en donde Toni Cantó, diputado de
UPyD, llegó a tuitear, antes de arrepentirse por ello, que “la mayor parte de
las denuncias por violencia de género son falsas. Y los fiscales no las
persiguen”. Por no hablar del alcalde de Valladolid, Javier Léon de la Riva,
que hace unos meses también elevó a la enésima potencia las denuncias por
violaciones falsas y mostró su temor a compartir el ascensor a solas con una
mujer porque podría “arrancarse el sujetador o la falda y salir dando gritos”
para buscarle las vueltas y culparle de intento de agresión.
Sin
embargo, el mayor problema no son las palabras sino los hechos. Antes de la
llegada del Partido Popular a la Moncloa en 2011, España era uno de los países
abanderados en políticas de igualdad a escala mundial, aunque siguieran
existiendo posos abisales y brechas descomunales en materia de género. Ahora,
empezamos a militar abiertamente entre los retrógrados. So pretexto de contener
el déficit, los conservadores españoles están conteniendo los derechos, aunque
hayan tenido que dar marcha atrás in extremis a la reforma de la actual Ley de
Salud Sexual y Reproductiva que redactara la ministra Bibiana Aido, uno de los
principales blancos –o blancas– del machismo patrio y de la caverna mundial.
El PP ha
reducido hasta el ridículo los presupuestos en materia de Políticas de Igualdad
o los que se refieren a la Ley de Autonomía Personal, la de dependencia. Ha
roto los acuerdos con las ONGs que permitían prestar servicios como los de
numerosos Centros de Orientación a la Mujer, Asesoría Jurídica, Casas de
Acogida para mujeres víctimas de violencia, al tiempo que la nueva ley de
régimen local, contraviniendo diversas convenciones supranacionales firmadas
por España, excluye la igualdad de las competencias municipales. O sea, que ya
no será obligatorio prestar servicios como los Centros Municipales de Atención
a las Mujeres, la primera ventanilla frente a la humillación y el maltrato. Su
apuesta por la familia tradicional, también ha supuesto el desguace de
numerosos institutos de la mujer, a escala estatal y autonómica, entre otros
saqueos normativos.
El
Informe Sombra.-
La
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW en su acrónimo inglés) llevó a la creación, también en España, de una plataforma
compuesta por 50 organizaciones de mujeres, de cooperación internacional y de
derechos humanos de todo el Estado, acaba de presentar un informe ante la ONU,
refrendado por más de 260 organizaciones y colectivos de la sociedad civil, en
el que se evalúa la equidad de género en nuestro país.
Se trata
del denominado Informe Sombra, que realiza un proceso de seguimiento y
evaluación de dicha Convención que durante el pasado mes de julio, emitió una
condena a España por no haber protegido a una víctima de violencia de género ni
a su hija, una menor que terminó siendo asesinada. El documento suele ser la
respuesta a los datos oficiales. Este, en concreto, surge frente al informe
oficial del gobierno español que, hace un par de años, decidió cerrar la oficina
de ONU Mujeres en Madrid, aunque no le supusiera coste presupuestario alguno.
La
principal conclusión de la Plataforma CEDAW Sombra España es que, lejos de
cumplir con la Convención, el Estado español está llevando a cabo un progresivo
desmantelamiento de las políticas de igualdad. Así, se denuncia la persistencia
de discriminación y carencia de medios en la lucha contra toda clase de
violencia de género, ya que se reduce al ámbito de la pareja o de la ex pareja,
ignorando como tales otro tipo de agresiones sexistas. Que tampoco existe
acuerdo que garantice un estándar mínimo de disponibilidad, accesibilidad y
calidad de la atención a las víctimas de violencia de género, lo que se ha
traducido en una disminución de la calidad y los servicios. Que no haya
investigación de oficio cuando las víctimas no son capaces de aportar pruebas
respecto a la agresión sufrida, al pervivir estereotipos de género en ámbitos
tradicionalmente masculinos como el judicial y el policial. Iguales parámetros
se extienden a la trata, ya que no hay un reconocimiento específico del
estatuto formal de víctima, ni se aplica el principio internacional de no
devolución.
Si en
materia de salud, el copago, el fin de la prestación universal o las
indicaciones en materia de anticonceptivos, golpea claramente a la mujer la
LOMCE sería un claro ejemplo de esta política a la baja en materia de igualdad
en el plano docente. La nueva ley de educación ni siquiera menciona su fomento
en el ámbito escolar y sigue sin cumplirse la recomendación 18 del informe del
Comité de implantar programas específicos sobre igualdad de género en el
sistema educativo, así como la capacitación del profesorado en esta materia.
Sobre todo, teniendo en cuenta que la LOMCE justifica que no es discriminatorio
segregar por sexos, y se constata que este tipo de centros reciben financiación
pública.
Así, la
reducción de ayudas, de becas escolares y de comedor redunda en más carga de
trabajo para las mujeres, algo que se incrementa con la eliminación del Plan
Educa 3 de educación entre 0-3 años. O se invisibiliza a las mujeres que han
protagonizado la historia en la totalidad de las asignaturas del currículum
oficial.
Desde
que se creara el ministerio de Igualdad hasta hoy, en los últimos cuatro años,
el organismo defensor de dichas políticas ha descendido tres rangos en el
escalafón: de ministerio a secretaría de Estado y, con el PP, a dirección
general. Además, ha estado casi dos años sin un Plan estratégico para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las cifras cantan: el
presupuesto del Estado para igualdad ha sido recortado en un 49% y el de las
Comunidades Autónomas un 32% de media.
Antes de la llegada de los conservadores, en determinados parámetros, tampoco estábamos para tirar cohetes: en 2010, España era el país europeo con mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral (tras Luxemburgo, Malta y Chipre) y cada mujer venía a dedicar al hogar unas 4,29 horas diarias por las 2,32 horas que le dedican los hombres. La situación, con todo, ha empeorado notablemente.
De
hecho, el Informe Sombra –que analiza el periodo entre 2008 y 2013—carga las
tintas en que el deterioro del mercado de trabajo ha incidido mucho más en las
mujeres: “tienen mayor participación en la economía informal, salarios más
bajos y mayores lagunas a lo largo de su vida laboral”, resumen los promotores
del informe a sabiendas de que la tasa de empleo femenina en 2012 no llegó al
39%, 10 puntos por debajo de la masculina. Entre 2008 y 2013 el desempleo
femenino se duplicó pasando del 13 al 27%. Lo cierto es que el 72,5% de la
personas con contrato a tiempo parcial son mujeres. O sea que, como suele
afirmar Mariano Rajoy, Mónica de Oriol y el Gobierno, en el fondo, están
remando en la misma dirección. Para fomentar su empleo, se admiten apuestas,
terminarán aboliendo la protección legal a las mujeres embarazadas.
Hay que empezar a premiar la NO-PROCREACIÓN, en vez de premiar a los lúmpenes para que se reproduzcan como ratas. Nacen aproximadamente 700000 personas por año en Argentina, cuando debería nacer como mucho 1/3 de ese número. Ya no existe ese mundo donde era menester que nacieran muchos para fomentar el desarrollo económico ( esto es, tener mano de obra barata) y consolidar la soberanía sobre un territorio. Lamenteblemente, el kirchnerismo, a través de la AUH, está generando las condiciones propicias para un desastre demográfico y social en el futuro inmediato. Y lo peor de todo, es que el próximo gobierno, posiblemente de otro signo político, va a sufrir la "herencia de Ceaucescu".
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